Abrumador y entristecedor este reciente gran incendio forestal
en las cumbres de Gran Canaria. La posición está perdida. Duras palabras para un técnico y para un ciudadano. Los
que han visitado La Cruz de Tejeda saben que no es cualquier paisaje natural.
Tejeda te envuelve con su panza burro y te cala el embriagador olor a monte
hasta los huesos. Alguna vez he pensado, mundanos afortunados los que viven
aquí. Y es que llevamos ya décadas que somos conscientes de la necesidad
de naturaleza. No es casual el considerable aumento de urbanizaciones y
viviendas particulares en zonas de interfase urbano-forestal. Dato curioso, que
a la par también han ido en aumento los incendios forestales y es que sólo en
España han ardido casi 2 millones de hectáreas en lo que va de siglo. Un
artículo de un periódico nacional aporta este y más datos relevantes como que 2017
es el tercer peor año de la última década con un total de 20 Grandes Incendios
Forestales (GIF). Más incendios GIF y más virulentos. Pero esto ya los expertos
en materia vienen explicándolo desde hace años.
Ocurre que un
hogar cálido y confortable se convierte en una estructura de transición para el
fuego forestal. Le llaman fuegos de
cuarta generación. Grandes Fuegos Forestales (GIF), con un comportamiento fuera
de capacidad de extinción, que no forman parte de la sostenibilidad o dinámica
natural que los fuegos han tenido en su relación evolutiva con los ciclos de la
naturaleza. La actualidad sobre este incendio en Gran Canaria así como el
mencionado artículo periodístico, señalan como culpables principalmente al cambio
climático, a los cambios en los usos del suelo y por supuesto, a las
imprudencias. Recordemos que hace dos semanas teníamos el juicio al agente
forestal a que prendió fuego a la cumbre de Gran Canaria porque quería que le
renovaran el contrato. Este hecho, aunque
lejos de una imprudencia, hace acertada la propuesta de poner en marcha planes
de intervención social para reducir el número de incendios.
Sin embargo, no
podemos olvidar qué hacer cuando el incendio ya está en acción. Un incendio afecta
al medio ambiente, a las propiedades privadas, a los bienes de uso público y por
supuesto, a la vida de las personas. El Estado así como las administraciones
con competencias en materia de extinción de incendios forestales (Cabildos en
las islas Canarias), invierten cada año ingentes cantidades de dinero en la
extinción. Y aun así, desde la propia administración se promueve la prevención.
Los
“fuegos se apagan en invierno y no en verano”. Profundicemos por tanto
en la prevención. Lo que no cuenta la prensa es que las construcciones en zonas
de interfase sólo siguen las normas del Código Técnico de Edificación (CTE),
obviando obligación alguna sobre los propietarios en materia de protección
frente a los GIF. En las viviendas nuevas
el problema se puede afrontar mediante la educación y concienciación de la
población con la planificación de sus viviendas. En las ya construidas al no existir
una legislación que obligue a adoptar las medidas adecuadas el problema sigue
sin ser solventado, siendo aparentemente, también un problema social de
concienciación ciudadana.
Por supuesto, la
Administración Pública, plenamente consciente de este problema, juega un papel activo
y relevante. Con la Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los
incendios forestales, se regula la protección de las urbanizaciones sin
continuidad inmediata con la trama urbana (o sea, las urbanizaciones en
interfaz urbano-forestal). El objetivo de la ley es reducir el combustible sobre el perímetro de la
urbanización así como el control de la vegetación en parcelas no edificadas. Sí,
claro que existe normativa y también responsables. En el marco de esta ley son el
órgano de gestión o la junta de la urbanización y, de forma subsidiaria, los
Ayuntamientos. Es una buena noticia, porque al existir responsables, existe
solución.
Sin embargo, en
el análisis de responsabilidades/soluciones hemos dejado atrás a las
urbanizaciones previamente construidas, a las viviendas unifamiliares individuales
así como a las construcciones ilegales. Parece que hay que profundizar un poco más
en la materia, lo que nos lleva inevitablemente de nuevo a la acción social. Y
es que la prevención corresponde al modelo de prevención integrada,
responsabilidad de la administración pública y del propietario privado.
Me pongo de
ejemplo. Como ciudadana quiero y deseo ser responsable con mi casita en
interfaz. Para prevenir necesito un PLAN DE AUTOPROTECCIÓN de mi vivienda
frente a incendios forestales. A nivel de administración, el papeleo incluye la
planificación, el trámite y la ejecución. O sea, un proyecto técnico, con coste
económico asociado y que tenga en cuenta las normas de protección específicas
por riesgo laboral en entorno forestal. En extensión, y por casualidades de la
vida, resulta que mi vivienda está en el límite con el monte público (vivo en
Canarias) y las ramas de los pinos invaden mi propiedad privada. Un problema
con solución seguro…Pero, ¿qué ocurre con los propietarios que no son
conscientes de su obligación? ¿Y si no disponemos de financiación? En estos
casos, ¿debería la administración ejecutar la solución de forma voluntaria o
por vía ejecutiva?Correcto. Vamos siendo conscientes de que la obligación al
propietario no es de gestión tan obvia pero cuidado, que recientemente en junio
de 2016, la Generalitat Valenciana lidera normativamente la obligación de los
propietarios a proteger su vivienda a través del Plan Especial por Incendios
Forestales (INFOCA).
Veámoslo desde
otro punto de vista, prioricemos desde dentro hacia afuera. Somos todos propietarios conscientes del
riesgo, protegemos nuestra vivienda y creamos además un espacio de
confinamiento mínimamente seguro en caso de una evacuación insegura. Conseguimos con ello minimizar el riesgo de
atrapamiento o accidente a través de una gestión integral de prevención del
riesgo (propietario privado-administración pública). ¿Es ya nuestro hogar un
lugar defendible frente a un incendio? Somos
conscientes y además percibimos el riesgo pero todavía quedan algunas
cuestiones más que superar y es el cómo. Resulta que a nivel tecnológico, no siempre
los avances en prevención llegan al propietario.
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Boca de incendio cubierta de maleza
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Los propietarios desconocen si es posible acotar el riesgo de afección por incendio forestal en su vivienda y, si es posible, desconocen cómo hacerlo. Sí, me refiero al proyecto, al modelo integrado de prevención. Tenemos que recurrir a técnicos expertos y aquí nos encontramos que la prevención está liderada por la administración pública. Por supuesto, los técnicos de la administración pueden realizar una predicción del riesgo en tiempo real, trasladando los cambios de información a los propietarios para que tomen medidas sobre lo que deben hacer en medio de una situación de emergencia. Esto solucionaría el problema de que el propietario tenga demasiada información pero en un GIF muy probablemente esta atención personalizada no sea posible y el margen de tiempo para actuar sea inviable.
Persiste aún el problema económico. Como propietarios no siempre somos conscientes de que el coste económico de la prevención compense el coste de la respuesta, o sea, de la mitigación del incendio, del impacto sobre la vivienda, sobre el medioambiente y por supuesto, sobre las vidas humanas. A nivel de la Administración, tenemos que el actual procedimiento administrativo nos hace dudar si es efectiva esta labor de prevención. Ya no sólo son los factores de incertidumbre que comentaba el artículo en relación a los cambios en el uso del terreno o los efectos del cambio climático.
Sumidos en un
marco de corrupción política y de independentismos, están los que politizan los
efectos del cambio climático e incluso los expertos universitarios que lo
niegan, olvidando que el ciudadano de a pie lo que necesita es un guía. Un LIDERAZGO
político que le aporte solución a sus problemas. Que proteja su vivienda frente
a un incendio forestal, que proteja el medio ambiente que nos sustenta y por
supuesto, que proteja las vidas de todos aquellos que defendemos nuestro estado
de bienestar, llámense agentes forestales, bomberos forestales, agentes de la
Fuerza y Seguridad del Estado o ciudadanos de a pie.
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| Beatriz Mora | Bióloga |
