Grandes incendios forestales, una cuestión de estrategia (I)

Abrumador y entristecedor este reciente gran incendio forestal en las cumbres de Gran Canaria. La posición está perdida. Duras palabras para un técnico y para un ciudadano. Los que han visitado La Cruz de Tejeda saben que no es cualquier paisaje natural. Tejeda te envuelve con su panza burro y te cala el embriagador olor a monte hasta los huesos. Alguna vez he pensado, mundanos afortunados los que viven aquí. Y es que llevamos ya décadas que somos conscientes de la necesidad de naturaleza. No es casual el considerable aumento de urbanizaciones y viviendas particulares en zonas de interfase urbano-forestal. Dato curioso, que a la par también han ido en aumento los incendios forestales y es que sólo en España han ardido casi 2 millones de hectáreas en lo que va de siglo. Un artículo de un periódico nacional aporta este y más datos relevantes como que 2017 es el tercer peor año de la última década con un total de 20 Grandes Incendios Forestales (GIF). Más incendios GIF y más virulentos. Pero esto ya los expertos en materia vienen explicándolo desde hace años.

Ocurre que un hogar cálido y confortable se convierte en una estructura de transición para el fuego forestal.  Le llaman fuegos de cuarta generación. Grandes Fuegos Forestales (GIF), con un comportamiento fuera de capacidad de extinción, que no forman parte de la sostenibilidad o dinámica natural que los fuegos han tenido en su relación evolutiva con los ciclos de la naturaleza. La actualidad sobre este incendio en Gran Canaria así como el mencionado artículo periodístico, señalan como culpables principalmente al cambio climático, a los cambios en los usos del suelo y por supuesto, a las imprudencias. Recordemos que hace dos semanas teníamos el juicio al agente forestal a que prendió fuego a la cumbre de Gran Canaria porque quería que le renovaran el contrato.  Este hecho, aunque lejos de una imprudencia, hace acertada la propuesta de poner en marcha planes de intervención social para reducir el número de incendios.

Sin embargo, no podemos olvidar qué hacer cuando el incendio ya está en acción. Un incendio afecta al medio ambiente, a las propiedades privadas, a los bienes de uso público y por supuesto, a la vida de las personas. El Estado así como las administraciones con competencias en materia de extinción de incendios forestales (Cabildos en las islas Canarias), invierten cada año ingentes cantidades de dinero en la extinción. Y aun así, desde la propia administración se promueve la prevención. Los “fuegos se apagan en invierno y no en verano”. Profundicemos por tanto en la prevención. Lo que no cuenta la prensa es que las construcciones en zonas de interfase sólo siguen las normas del Código Técnico de Edificación (CTE), obviando obligación alguna sobre los propietarios en materia de protección frente a los GIF.  En las viviendas nuevas el problema se puede afrontar mediante la educación y concienciación de la población con la planificación de sus viviendas. En las ya construidas al no existir una legislación que obligue a adoptar las medidas adecuadas el problema sigue sin ser solventado, siendo aparentemente, también un problema social de concienciación ciudadana.

Por supuesto, la Administración Pública, plenamente consciente de este problema, juega un papel activo y relevante. Con la Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios forestales, se regula la protección de las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana (o sea, las urbanizaciones en interfaz urbano-forestal). El objetivo de la ley es reducir el combustible sobre el perímetro de la urbanización así como el control de la vegetación en parcelas no edificadas. Sí, claro que existe normativa y también responsables. En el marco de esta ley son el órgano de gestión o la junta de la urbanización y, de forma subsidiaria, los Ayuntamientos. Es una buena noticia, porque al existir responsables, existe solución.

Sin embargo, en el análisis de responsabilidades/soluciones hemos dejado atrás a las urbanizaciones previamente construidas, a las viviendas unifamiliares individuales así como a las construcciones ilegales. Parece que hay que profundizar un poco más en la materia, lo que nos lleva inevitablemente de nuevo a la acción social. Y es que la prevención corresponde al modelo de prevención integrada, responsabilidad de la administración pública y del propietario privado.

Me pongo de ejemplo. Como ciudadana quiero y deseo ser responsable con mi casita en interfaz. Para prevenir necesito un PLAN DE AUTOPROTECCIÓN de mi vivienda frente a incendios forestales. A nivel de administración, el papeleo incluye la planificación, el trámite y la ejecución. O sea, un proyecto técnico, con coste económico asociado y que tenga en cuenta las normas de protección específicas por riesgo laboral en entorno forestal. En extensión, y por casualidades de la vida, resulta que mi vivienda está en el límite con el monte público (vivo en Canarias) y las ramas de los pinos invaden mi propiedad privada. Un problema con solución seguro…Pero, ¿qué ocurre con los propietarios que no son conscientes de su obligación? ¿Y si no disponemos de financiación? En estos casos, ¿debería la administración ejecutar la solución de forma voluntaria o por vía ejecutiva?Correcto. Vamos siendo conscientes de que la obligación al propietario no es de gestión tan obvia pero cuidado, que recientemente en junio de 2016, la Generalitat Valenciana lidera normativamente la obligación de los propietarios a proteger su vivienda a través del Plan Especial por Incendios Forestales (INFOCA). 

Veámoslo desde otro punto de vista, prioricemos desde dentro hacia afuera.  Somos todos propietarios conscientes del riesgo, protegemos nuestra vivienda y creamos además un espacio de confinamiento mínimamente seguro en caso de una evacuación insegura.  Conseguimos con ello minimizar el riesgo de atrapamiento o accidente a través de una gestión integral de prevención del riesgo (propietario privado-administración pública). ¿Es ya nuestro hogar un lugar defendible frente a un incendio?  Somos conscientes y además percibimos el riesgo pero todavía quedan algunas cuestiones más que superar y es el cómo. Resulta que a nivel tecnológico, no siempre los avances en prevención llegan al propietario.

Boca de incendio cubierta de maleza

Los propietarios desconocen si es posible acotar el riesgo de afección por incendio forestal en su vivienda y, si es posible, desconocen cómo hacerlo.  Sí, me refiero al proyecto, al modelo integrado de prevención. Tenemos que recurrir a técnicos expertos y aquí nos encontramos que la prevención está liderada por la administración pública. Por supuesto, los técnicos de la administración pueden realizar una predicción del riesgo en tiempo real, trasladando los cambios de información a los propietarios para que tomen medidas sobre lo que deben hacer en medio de una situación de emergencia. Esto solucionaría el problema de que el propietario tenga demasiada información pero en un GIF muy probablemente esta atención personalizada no sea posible y el margen de tiempo para actuar sea inviable.

Persiste aún el problema económico. Como propietarios no siempre somos conscientes de que el coste económico de la prevención compense el coste de la respuesta, o sea, de la mitigación del incendio, del impacto sobre la vivienda, sobre el medioambiente y por supuesto, sobre las vidas humanas. A nivel de la Administración, tenemos que el actual procedimiento administrativo nos hace dudar si es efectiva esta labor de prevención.  Ya no sólo son los factores de incertidumbre que comentaba el artículo en relación a los cambios en el uso del terreno o los efectos del cambio climático.  

Sumidos en un marco de corrupción política y de independentismos, están los que politizan los efectos del cambio climático e incluso los expertos universitarios que lo niegan, olvidando que el ciudadano de a pie lo que necesita es un guía. Un LIDERAZGO político que le aporte solución a sus problemas. Que proteja su vivienda frente a un incendio forestal, que proteja el medio ambiente que nos sustenta y por supuesto, que proteja las vidas de todos aquellos que defendemos nuestro estado de bienestar, llámense agentes forestales, bomberos forestales, agentes de la Fuerza y Seguridad del Estado o ciudadanos de a pie. 

Beatriz Mora | Bióloga